El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece la suspensión de plazos durante la vigencia del estado de alarma:
Suspensión de plazos judiciales.
Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, sus prórrogas.
En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a:
- Procedimientos de habeas corpus.
- Actuaciones encomendadas a los servicios del juzgado de guardia.
- Actuaciones con personas detenidas.
- Órdenes de protección.
- Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
- Cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
En el resto de órdenes jurisdiccionales no será de aplicación la interrupción a los siguientes supuestos:
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
d) La adopción de medidas de protección de los menores.
Suspensión de plazos administrativos.
- Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
- El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma.
- La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público.
Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma.
